El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y las diputadas autonómicas, Charo Navalón y Silvia Gómez, se ha reunido con la Asociación de Familiares de Afectados de Alzheimer de Villena y Comarca (AFAVI) y con la Asociación Comarcal de Personas Afectadas de Cáncer (APAC), ante la presión que la Consellería está aplicando contra ellas hasta situarlas en situación de riesgo de su actividad como entidades sin ánimo de lucro.
En la reunión se ha tratado la situación de recortes o la reclamación de interés por las subvenciones devueltas, como la que sufre AFAVI, que debe hacer frente a una reclamación de 12.000 euros en concepto de intereses.
Cerdán ha señalado que “estas entidades también están padeciendo distintos problemas de financiación, algunos muy similares a los que sufre el Ayuntamiento con el Contrato Programa, como es la reclamación de intereses que la Consellería de Bienestar Social mantiene igualmente contra el consistorio por la devolución de una parte de la subvención”.
El alcalde ha ofrecido a AFAVI los recursos municipales para defenderse de “la afrenta del Consell y su falta de sensibilidad, que se traduce en una política deshumanizada, que avoca a las entidades a su cierre y a sus beneficiados a quedar desprotegidos”.
Villena ya salió en defensa de APAC ante el recorte de prestaciones por parte del Consell y de la Diputación de Alicante, y que ha requerido una aportación adicional del Ayuntamiento para evitar su cierre y la desprotección de los pacientes de cáncer y sus familiares.
Respuesta en las Cortes
Fulgencio Cerdán ha planteado presentar todas las iniciativas posibles en las Cortes Valencianas para revertir este modelo de política social, para lo que cuenta con las diputadas Charo Navalón y Silvia Gómez.
La diputada Navalón ha criticado que “el Contrato Programa de Servicios Sociales está siendo gestionado de una manera pésima que está ahorcando a los ayuntamientos con esta modalidad de pago, que lo hacen tarde y mal”.
Esta situación es fruto de los cambios en la ley de Servicios Sociales y en la política de recortes del Consell, que dejará en el aire un total de 17 infraestructuras socio-sanitarias que finalmente no se construirán en la provincia de Alicante.
