La Policía Nacional ha detenido en Elda a cinco personas —cuatro hombres y una mujer, de entre 18 y 39 años— por su presunta implicación en delitos de detención ilegal, coacciones, lesiones y contra la integridad moral. Los arrestados, todos ellos con vínculos familiares entre sí, retuvieron a un hombre en su domicilio durante dos meses, sometiéndolo a malos tratos y obligándolo a pedir limosna para saldar una deuda inexistente.
Los hechos comenzaron en el verano de 2024, durante las fiestas locales de Elda, cuando la víctima fue agredida por tres de los ahora detenidos. Tras denunciar los hechos, comenzó a recibir amenazas para que retirara la denuncia. Los agresores llegaron a exigirle 1.000 euros a cambio de dejarlo en paz.
Ante el acoso, el hombre se trasladó a Torrevieja, pero en octubre tres de los implicados localizaron su paradero y reanudaron las coacciones. La víctima accedió a pagarles 700 euros. En noviembre, uno de los familiares lo trasladó nuevamente a Elda, advirtiéndole que “no volvería a Torrevieja hasta saldar la deuda”.
Durante su cautiverio, fue confinado en un balcón de la vivienda, donde sufrió constantes agresiones, insultos y vejaciones. Le retiraron la documentación y realizaron compras a su nombre por más de 4.000 euros. Además, era llevado a Novelda para mendigar, siendo el dinero y productos recaudados intervenidos por los detenidos.
La situación derivó en un grave deterioro de su salud. El hombre fue ingresado en un hospital con un diagnóstico de sepsis respiratoria, politraumatismos, deshidratación y diarrea aguda, permaneciendo hospitalizado quince días.
La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elda inició una investigación que culminó con la localización y detención de los cinco implicados, en colaboración con las Unidades de Seguridad Ciudadana. El juzgado de guardia de Elda ordenó el ingreso en prisión de los tres principales responsables. Cuatro de los arrestados cuentan con antecedentes por hechos similares.
La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar confidencialmente situaciones de privación de libertad y explotación, y continúa desarrollando acciones formativas para detectar señales de alarma en posibles víctimas, dirigidas a profesionales del ámbito social y educativo, así como a colectivos vecinales.
